Viviendas: conflicto y mediación social

Según algunos datos y determinados sectores, parece ser que se han superado los años de recortes; de elevadas tasas de desempleo y alarmante déficit público. Al menos en la superficie; si escarbas, ya no es oro lo que reluce. Aun así, muchos son los que celebran la superación, de la ya olvidada, crisis económica. Sin embargo, aunque los datos apuntan al alza, no podemos omitir ciertos aspectos; el alto coste, el desgaste y las consecuencias nocivas de la recuperación económica.

El fomento de empleo precario, la expulsión del sistema de grupos de sujetos coetáneos en determinadas franjas de edad, la existencia de familias sin ninguno de sus miembros trabajando, generaciones perdidas, inversión insuficiente para la creación de empleo… son algunos de los factores que han supuesto la acumulación de viviendas vacías en manos de la banca y fondos de inversión. Tal es el punto que las entidades financieras optaron por crear sus propias inmobiliarias; y así, reactivar el mercado y deshacerse de activos.


La ocupación ilegal

La otra cara inevitable de esa acumulación, es la gran cantidad de familias sin hogar propio; ya sea como vivienda en propiedad o en alquiler. Una situación que en muchas ocasiones desemboca en la ocupación ilegal de viviendas vacías por personas de distinta condición.

Aunque expertos, como Carlos Peiró Ripoll, hablen de hasta nueve perfiles de ocupadores; yo los resumiría en dos, los desesperados y los caraduras. En el primer grupo incluiría, a rasgos generales, a las personas sin recursos y en el segundo, los que se aprovechan de la situación; es decir, gente que cronifica la situación por comodidad o por sacar beneficio. Una pena que siempre por culpa de los segundos, los primeros se vean doblemente perjudicados.

Puntos de vista

Desde un punto de vista legal, la situación es que la ocupación de vivienda ilegítima está tipificada como delito en el código civil y penal; conlleva condena económica y de cárcel que se materializa si existen antecedentes. El dueño de la vivienda está amparado por la ley para la recuperación y protección de sus intereses; desde el respeto a la propiedad privada.

Imagina que mañana llegas a casa después del trabajo y te encuentras con que hay cinco personas que se han apropiado de tu vivienda, se han atrincherado allí, se niegan a salir y han cambiado la cerradura. Imagina que por un casual, no hay ley que te ampare, y se concede la casa y todo lo que contiene a la persona que habita y tiene la llave.

La ley existe por algo; para la defensa de derechos y la protección ante situaciones de desamparo. Una garantía judicial coherente y sin artificios. Sin embargo, en casos de ocupación se convierte en un proceso dilatado en el tiempo que acrecienta la tensión entre ambas partes y que no aporta un enfoque social ni sistémico.

Desde un punto de vista social, nos encontramos con que no existen soluciones reales y efectivas para atajar una problemática que se resuelve con el desalojo o el desahucio.


Mediación en vivienda ocupada

La ocupación ilegal es una problemática que afecta a decenas de miles de personas en este país. Desde iniciativas populares como la PAH se está procurando dar soluciones que garantice el derecho a una vivienda digna; tal como recoge nuestra Constitución.

Desde otros sectores se ha fomentado la llamada Mediación en Vivienda Ocupada que consiste en intermediar entre ocupados y afectados para lograr un acuerdo que benefice a ambas partes. Una manera de atajar el problema desde una visión sostenible, solidaria y comprometida. Algunas soluciones son: alquiler social; alquiler a precio de mercado; desalojo, motivado por el ocupador o el propietario de la vivienda; realojo; o rehabilitación de la vivienda a cambio de periodo de carestía.

Los bancos y fondos de inversión han optado por esta iniciativa para minimizar la acción traumática, evitar el escarnio mediático, limpiar su imagen, ahorrar los costes que supone el procedimiento judicial y/o añadir una visión más social a su actuación.


A veces me siento estúpida

Dos bandos a elegir, sabiendo que la opción que no está con la gente puede ser el bando equivocado; así me sentí hace unos días cuando me surgió la oportunidad de trabajar como mediadora en materia de viviendas en conflicto (o eso creía yo). Tras reunirme con el coordinador, con quien mantuve una conversación muy interesante e instructiva, se me planteó un dilema moral entre lo que yo creía que era correcto y lo que yo necesitaba a corto plazo. Entre la espada y la pared; sin más. Tenía que valorar si ser fiel a mis convicciones o un sueldo a final de mes; me decanté por la primera alternativa, y regresé a casa orgullosa de mí misma. Sin embargo, con el paso de las horas me sentí algo estúpida; no voy a mentir.

En una provincia donde la tasa de paro es de las más altas de España; donde no hay oportunidades reales; donde siempre hay un hándicap… en una sociedad donde la lealtad y el compromiso están infravalorados, me permití el lujo de ser fiel a mis principios. Algo honorable, sí; pero por desgracia la honorabilidad, a final de mes, no paga las facturas.

En ocasiones siento que las personas que no son tan intensas, que afrontan la vida con simpleza, sin analizar más allá que el aquí y el ahora, acaban siendo más felices. No se complican, trabajan, cotizan, a final de mes cobran su sueldo, sobreviven al día a día y, de vez en cuando, se dan un capricho; a lo que la mayoría aspiramos y que no es poco.

A veces me siento estúpida… por suerte, otras tantas recuerdo porque me hice trabajadora social y se me pasa =)

Annabel

Técnica en Marketing Internacional. Graduada en Trabajo Social; colegiada en el CPTS de Cádiz y colaboradora en la BlogoTSfera. Autora de ficción con más de una decena de novelas publicadas. Escritora de romántica para adultos bajo seudónimo. Blogueando desde 2011.

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